Inversión histórica en inocuidad alimentaria: SENASA lanza proyecto nacional por US$ 68 millones

El gobierno peruano, a través de SENASA y con apoyo del BID, ha lanzado un ambicioso proyecto para fortalecer la calidad e inocuidad de los alimentos que llegan a más de 32 millones de consumidores. La inversión contempla nuevos laboratorios, mejoras en vigilancia sanitaria y capacitación a más de 100 000 productores a nivel nacional. Esta iniciativa responde a desafíos estructurales del sistema alimentario interno.

La inocuidad alimentaria es hoy un tema prioritario para la salud pública en el Perú. En respuesta a los desafíos del sistema alimentario nacional, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) ha lanzado un proyecto de inversión pública por más de US$ 68 millones, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 105-2025-EF. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Entre sus principales componentes está la construcción de dos modernos laboratorios de inocuidad agroalimentaria en Lambayeque y Arequipa, con capacidad para procesar más de 80 000 muestras anuales. Se analizarán productos como leche, huevos, carnes, frutas y hortalizas. Asimismo, se instalará un laboratorio especializado en Resistencia a los Antimicrobianos (RAM), una amenaza emergente vinculada al uso indiscriminado de antibióticos en la producción animal.

El proyecto también implementará pruebas rápidas en mercados de abasto, permitiendo a las autoridades locales detectar contaminantes y tomar decisiones inmediatas. Esta estrategia apunta a descentralizar la vigilancia sanitaria y mejorar la capacidad de respuesta ante alimentos no aptos para el consumo humano.

En el ámbito formativo, se fortalecerán las Escuelas de Campo (ECA), a través de las cuales se capacitará a más de 100 000 productores agrícolas en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). El objetivo es mejorar la trazabilidad desde el origen y asegurar que los alimentos lleguen al consumidor con los mínimos estándares de inocuidad exigidos internacionalmente.

Esta intervención llega en un contexto preocupante: el 51 % de los peruanos sufre de inseguridad alimentaria moderada o severa, según la FAO. Además, diversos estudios han detectado la presencia de residuos de plaguicidas prohibidos en alimentos comercializados en el mercado interno, lo que pone en evidencia una brecha crítica entre lo que se exporta y lo que se consume localmente.

Con esta inversión, el Estado peruano busca garantizar que la inocuidad alimentaria no sea un privilegio, sino un derecho para todos. El éxito del proyecto dependerá de la articulación entre instituciones públicas, productores y actores del sector alimentario, promoviendo una cultura preventiva en cada eslabón de la cadena.